Texto presentado en el Encuentro contra la Desaparición Forzada, el 25 de mayo del 2010
En todos estos años hemos visto cómo la falta de voluntad político y el escaso interés ciudadano han sido los principales obstáculos para resolver nuestras demandas de verdad y justicia. Desde nuestra perspectiva, lo que ha hecho falta ha sido una instancia nacional de coordinación de todos los esfuerzos encaminados a luchar contra la desaparición forzada, pues si bien es un tema que todas las organizaciones de derechos humanos reivindican, cada una lo hace de forma aislada. Esto ha sido contraproducente, pues el Estado atiende los casos como si se tratara de problemas individuales y no de una política sistemática. Así, creemos importante trascender el ámbito de la lucha de comités de familiares e integrar una red que aglutine a todos los grupos dispuestos a luchar contra este crimen de lesa humanidad.
Esta red puede tener como plataforma básica: la exigencia del esclarecimiento del paradero de los desaparecidos del pasado y la presentación con vida de los del presente, la armonización del marco jurídico interno con el del derecho internacional humanitario, la promoción de una ley federal contra la desaparición forzada de personas en los términos de los instrumentos jurídicos internacionales firmados por México y la demanda de juicios para los criminales de lesa humanidad. También sería importante que se incorporara el llamado a denunciar los casos ante el grupo de trabajo de desapariciones forzadas de la ONU, pues de los miles de víctimas que existen en México, sólo se han reportado poco más de 200 casos. Hay que evidenciar que México es uno de los campeones a nivel mundial en desapariciones forzadas.
A nivel judicial, hemos visto cómo desde el inconstitucional cierre de la FEMOSPP, la PGR ha condenado a la inactividad procesal las casi 700 denuncias que se presentaron por desaparición forzada y que fueron taimadamente clasificadas como privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro. Aunque coincidimos en que la FEMOSPP fue incompetente y estuvo atenida a los vaivenes políticos, los familiares y sus coadyuvantes teníamos la posibilidad de conocer el contenido de las averiguaciones previas, así como de exigir avances a los agentes del ministerio público. Por el contrario, ahora difícilmente tenemos acceso a ellas y nos topamos con que cada vez hay un nuevo ministerio público que ignora completamente los casos bajo su cargo. Por esta razón demandamos la apertura de una oficina del ministerio público federal especializada en las desapariciones forzadas del pasado y del presente. Además, exigimos que los casos sean retipificados como desapariciones y no como secuestros.
Por otra parte, debido a las frustrantes experiencias que se han tenido, se ha descartado la utilidad de una instancia abocada exclusivamente a la búsqueda de la verdad histórica sobre el pasado reciente. Nosotros creemos que el trabajo que hizo el equipo de Investigación Histórica de la FEMOSPP fue un primer paso que reveló la dimensión de los acontecimientos que hace falta investigar, por lo que no podemos renunciar a la demanda de una comisión de la verdad u oficina de esclarecimiento histórico avalada por gente notable, como la que integra la COMED. Además, esta oficina puede reaprovechar el acervo que reunió el equipo de IH de la FEMOSPP a fin de que éste pueda ser consultado por los familiares de las víctimas y el público interesado, y no como ocurre ahora, que se encuentra secuestrado por la PGR. Se trata de aproximadamente 115 cajas con documentación histórica que sería muy difícil y costoso volver a juntar.
Finalmente, un asunto que desgraciadamente se ha considerado como menor, es el de la reparación del daño a las víctimas y sus familiares. Las decenas de familias de desaparecidos con las que tenemos contacto nos han hecho saber que desearían contar con un mecanismo que garantice dicha reparación. Es un derecho consagrado en los instrumentos jurídicos internacionales y quien quiera debe tener la posibilidad de ejercerlo, por lo que demandamos la creación de un comité para la reparación del daño a las víctimas, que tenga existencia real y no como el que creo Fox en su sexenio, cuya única función fue dividir a las familias de los desaparecidos.
En el terreno de acciones más concretas, nosotros trabajamos en una base de datos sobre los desaparecidos por motivos políticos desde 1968 hasta la actualidad. Hemos documentado un total de 738 casos y tenemos otros tantos nombres que no hemos podido investigar a cabalidad. Y es que la investigación que cada desaparecido amerita es un trabajo monumental, por lo que creemos que sería mejor hacerlo de forma conjunta. También pensamos que es importante no ignorar las desapariciones que se han disparado en el contexto de la narcoguerra, por lo que proponemos que se creen dos grupos de trabajo para documentar los casos: uno para desaparecidos políticos y otro para desaparecidos civiles. Ambos grupos podrían trabajar con los mismos criterios de recopilación informativa, a fin de tener una base de datos muy completa que dé luz sobre la verdadera magnitud de la desaparición forzada en México. Eso evidenciaría que los nombres de algunos de los represores del pasado se repiten en el presente y que la desaparición ha sido una política sistemática de Estado.
Finalmente, consideramos importante elaborar un Manual operativo en caso de desapariciones forzadas, que contenga todos los pasos concretos que los ofendidos deben seguir para denunciar el delito. Sería un manual que debería distribuirse masivamente no sólo entre las organizaciones sociales sino entre la ciudadanía, especialmente en los estados que más han sido golpeados por este flagelo.
